El gobernador Jorge Capitanich suscribió ayer un acuerdo con sectores estratégicos del comercio de bienes y servicios para adherir a la política nacional de control de precios mediante la adecuación local del sistema diseñado por la Secretaría de Comercio Interior que conduce Guillermo Moreno.
En el caso chaqueño alcanzará nada menos que a 715 bienes y servicios considerados gravitantes en la fijación de montos y tarifas de venta al consumidor final.
“Buscamos convertir el proceso de oferta y demanda en un círculo virtuoso donde se mantenga el poder adquisitivo del consumidor”, sostuvo el primer mandatario durante la firma del entendimiento cuya vigencia será de 180 días a partir de la fecha e importará controles por parte del Estado provincial, que “tiene un rol indelegable que cumplir en esta materia”, añadió el titular del Poder Ejecutivo.
Además del gobernador estuvieron presentes, el ministro de Industria, Sebastián Agostini; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Aguilar; el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Sebastián Aguilera; el subsecretario de Comercio; Ricardo Marimón; el subsecretario de Trabajo, Roberto Medina; el presidente de Lotería Chaqueña, Darío Kohli; los intendentes Hugo Sager (Puerto Tirol); Antonio Rodas (Fontana), Juan Mosqueda (Lapachito), José Luis García (Isla del Cerrito), representantes de las diferentes Cámaras Empresarias, entidades independientes, sindicatos y gremios.
Los rubros comprendidos por el acuerdo son muy amplios y según anticipó el propio Capitanich comprenden desde los artículos de primera necesidad hasta los impuestos y servicios que presta el Estado (agua, energía y cloacas), así como las prestadoras médicas privadas, los restaurantes y a hotelería, incluidos con la convicción de que “el congelamiento de sus precios incrementará la demanda y las utilidades serán más importantes para el empresario que forme parte de la cadena”.
El gobernador explicó que “sumamos a los bienes los servicios porque son imprescindibles para la sociedad”, a la vez que recalcó el papel que en el acuerdo les cabrá a las organizaciones empresarias y del comercio que suscribieron el acuerdo: “No aumentar tarifas y precios”.
De la misma manera, el Estado provincial se compromete, a través de sus organismos recaudadores a “no aumentar impuestos para evitar el incremento directo e indirecto y eso lo vamos a cumplir del mismo que vamos a controlar que los municipios no incrementen los impuestos tarifas”.
Capitanich analizó desde un punto de vista técnico el fenómeno inflacionario y concluyó que acuerdos de control de precios como el suscripto por el Chaco con los empresarios y comerciantes resultan eficaces en tanto “se crea el círculo virtuoso con mayor actividad económica y mayor sostenibilidad del funcionamiento apropiado del sistema”.
Ergo, “si uno logra la reducción de expectativa en materia de bienes y servicios, aumenta la demanda, crece la recaudación impositiva y mejora la actividad económica en general”, puntualizó.
Defensa al valor del salario
Del convenio, que incluye un total de 715 bienes y servicios, también forman parte asociaciones de consumidores, gremios y sindicatos. El Ejecutivo tendrá a su cargo la fiscalización, el seguimiento y el control del cumplimiento de los precios acordados.
“Esta coordinación entre sector público y privado es imprescindible para un sostenimiento de precios finales que beneficie al consumidor y también a los comerciantes; este es un rol indelegable del Estado y, la vez, una estrategia posible para contener expectativas de incremento de precios”, aseguró Capitanich.
El acuerdo suscripto incluye alimentos, útiles escolares, indumentaria, servicios, servicios públicos (agua y energía eléctrica) y electrodomésticos. Tendrá una vigencia de 180 días con la posibilidad de prorrogarse una vez se cumpla el plazo inicial.
El gobernador adelantó que se creará -por decreto- una comisión de seguimiento permanente y cumplimiento de los precios consensuados. Y llamó a intendentes, entidades de defensa al consumidor y a los medios de comunicación, a defender el acuerdo y denunciar abusos en este sentido.
“Es una iniciativa muy buena y esperamos que funcione y seamos un ejemplo a nivel nacional; estamos cuidando el bolsillo del consumidor y del trabajador chaqueño además de estimular la producción de bienes y un mayor desenvolvimiento de la actividad económica”, explicó.
Capitanich señaló que existe una fuerte necesidad de reducir cualquier expectativa de incremento de precios de bienes y servicios y apuntó que el Estado se encargará de promover y coordinar un sistema que contenga los costos y mejore la actividad económica.