Una fiesta popular para volver a llenar de contenido el "7D"
Panorama político nacional
Después de meses de campañas, de creación de expectativas, de discursos cargados y promesas entusiastas, el Gobierno pareció quedarse con las manos vacías el “7D”. En la noche del día previo llegó la noticia, que corrió como una corriente de frío. La fecha interpretada como el comienzo de la aplicación plena de la Ley de Medios había quedado diluida. Por esas mismas horas, Sabbatella y Alak le ponían palabras a la desazón: “Es uno de los fallos más vergonzosos de la democracia”.
Si bien se mira, de todos modos, lo que aparece en el plano simbólico como un resultado adverso para el Gobierno no resulta del mismo modo en el terreno judicial. Por algo el kirchnerismo había sancionado el per saltum. Lo que ocurrió estaba entre las posibilidades. Ahora la decisión la tiene la Corte Suprema, se estima que la próxima semana habrá definiciones. Luego llegará el fallo del juez Horacio Alfonsosobre la cuestión de fondo: la constitucionalidad o no del artículo 161.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial resolvió, con la firma de los jueves María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, prorrogar por tiempo indefinido la medida cautelar que había presentado el Grupo Clarín, y que según lo establecido en mayo pasado por la propia Corte Suprema tenía fecha de vencimiento este 7 de diciembre.
Con la extensión de la cautelar hasta que haya una “sentencia definitiva”, las cosas parecerían volver al inicio. El AFSCA ya informó que ningún grupo de medios deberá adecuarse a la ley hasta tanto no se resuelva la situación con Clarín. “Si esperamos tres años, podemos hacerlo unos días más”, dijo Martín Sabbatella, sin disimular una expresión amarga.
La tensión había ido in crescendo en los últimos días. El Gobierno había recusado a todos los miembros de la Cámara que tenía la cautelar de Clarín –el juez De las Carreras está acusado por haber aceptado una invitación del Grupo para ir a un congreso en Miami-, y los magistrados respondieron corporativamente con un comunicado que alertaba sobre la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Entre los firmantes había dos integrantes de la Corte Suprema, Carmen Argibay yElena Highton de Nolasco.
Sin embargo, mientras aguardan, en el Gobierno pueden sopesar la balanza. De un lado se inclina, imperturbable, la aclaración del nudo gordiano que se discutió durante meses: en su fallo, la Cámara estableció que, aún si perdiera en la Justicia, el Grupo Clarín tendría todavía un año para desprenderse de las licencias que exceden lo establecido por la nueva norma. ¿Había un problema de interpretación o los camaristas contradicen el máximo tribunal?
Del otro lado, aunque con menos peso, se evidencia algo que podría jugarle a favor al kirchnerismo en la discusión cotidiana: tras este revés, quedó demostrado que la Justicia puede decidir sin cooptaciones del poder político.
La Ley de Medios fue sancionada por el Senado en la madrugada del 10 octubre de 2009 y reglamentada ese mismo día. La presentación de Clarín por la inconstitucionalidad del artículo 161, que establece la desinversión de licencias, tuvo lugar mismo mes. Nunca una cautelar se extendió por tres años; en el kirchnerismo tienen confianza sin embargo en que el litigio termine resolviéndose de manera favorable.
Mientras tanto, el Gobierno ultima detalles para el festival de este domingo en Plaza de Mayo, que culminará con los conciertos de Charly García y Fito Páez. Se espera incluso la participación de Cristina Kirchner. La convocatoria de la “Fiesta Patria Popular” es para recibir el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Democracia, que se conmemora el 10 de diciembre. La idea en Balcarce 50 es replicar el espíritu de los festejos por el Bicentenario, que le resultaron muy beneficiosos al Gobierno.
El filósofo Ricardo Forster dijo que el acto permitirá manifestar una adhesión colectiva similar a la expresada tras las derrotas de la 125 y las legislativas de 2009. Aguardan una concurrencia multitudinaria, sobre todo porque el kirchnerismo no volvió a poner el pie en Plaza de Mayo de manera organizada desde los cacerolazos del 13-S y el 8-N.
Por último, como si no terminara de comprender que el litigio por la Ley de Medios es meramente patrimonial -así lo estableció la Corte-, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por el supuesto peligro que corre la libertad de expresión en estos pagos. Tengo que citar a un amigo, comunicador social, que sostiene que todos los periodistas que no comulguen con esa idea deberían firmar un comunicado para ratificar la plena libertad de expresión en el país.